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En el transcurso de un litigio contra la SGAE, una empresa argumentó que el canon viola una directiva europea.

La Audiencia de Barcelona ha pedido respuesta a esta cuestión.

La directiva en cuestión es la 2001/29.

El Tribunal de Justicia de la UE ha comenzado este jueves a examinar si el canon aplicado en España a todos los equipos de reproducción digital -el llamado "canon digital"- como compensación a los creadores por la copia privada es o no compatible con el derecho europeo.

Los jueces El Tribunal comunitario ha celebrado en Luxemburgo la vista oral en un litigio que tramita la Audiencia Provincial de Barcelona y que enfrenta a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y a la empresa Padawan SL, que comercializa CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y aparatos reproductores MP3.
La SGAE interpuso una demanda contra dicha empresa reclamándole el pago del canon por copia privada correspondiente a los aparatos comercializados por Padawan entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004, según recuerdan fuentes jurídicas.

En el marco de dicho litigio, Padawan alegó que la aplicación del canon por copia privada a estos soportes digitales, de forma indiscriminada y sin distinguir la finalidad a la que van destinados (uso privado u otra actividad profesional o empresarial), violaba la directiva europea 2001/29.

El caso fue juzgado en primera instancia y fue aceptada íntegramente la reclamación de la SGAE. La empresa fue condenada al pago de 16.759,25 euros, más los correspondientes intereses.
Padawan recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona, instancia que ha presentado ante el Tribunal europeo de Luxemburgo un recurso prejudicial en el que plantea una serie de cuestiones relativas a la interpretación de esa directiva.

¿Contrario a un directiva europea?
La norma en cuestión, la directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, estipula que, en principio, el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción de las obras corresponde a los titulares de derechos de propiedad intelectual (autores, artistas o intérpretes).

Prevé, sin embargo, que los Estados miembros pueden permitir, sin que medie autorización del titular del derecho de propiedad intelectual correspondiente, las reproducciones de obras efectuadas por una persona física para su uso privado, siempre que los titulares de los derechos de propiedad intelectual reciban una "compensación equitativa".

La legislación española permite que las obras ya divulgadas puedan reproducirse para uso privado del copista, sin autorización del autor.
A través del cobro de un canon, la normativa española instaura el pago de una compensación económica a favor de los titulares de los derechos por la reproducción realizada exclusivamente para uso privado.

El canon digital español

El canon grava la adquisición de equipos o aparatos de reproducción de libros, así como de equipos o aparatos de reproducción de fonogramas y videogramas, y de materiales de reproducción sonora, visual o audiovisual.

El canon se aplica a los fabricantes e importadores de estos equipos y materiales, así como a los "distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de dichos productos", y se hace efectivo a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
En el caso de los aparatos y sobre todo materiales de reproducción digital, como son los CD y DVD grabables, así como los lápices de memoria USB, el canon se aplica sin hacer distinción de si el destino del producto es para llevar a cabo copias privadas o para otros distintos, como puede ser el almacenamiento de datos e información generada por un profesional o una empresa.

Clarificación de "compensación equitativa"

La Audiencia de Barcelona solicita a los jueces europeos que clarifiquen el concepto de "compensación equitativa" y diluciden si el sistema adoptado por España y consistente en aplicar el canon a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital de forma indiscriminada contraría la directiva 2001/29/CE.
También desea saber si la aplicación indiscriminada del referido "canon" a empresas y profesionales que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada es conforme al concepto de "compensación equitativa".

Artículo extraído de 20 Minutos.

NOTA AL MÁRGEN: basta ya de tratarnos a todos como presuntos maleantes con el único objetivo de forrarse.

Ramon Muntaner admite que a la gente le cuesta "entender y pagar" el cánon por la comunicación pública de una obra protegida.

Asegura que en Francia nadie se cuestiona dicho cobro.

Defiende la "legalidad" de las acciones de la SGAE.

El director del área mediterránea de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae), Ramon Muntaner, ha explicado que la gente le cuesta entender y, por lo tanto, pagar, el canon que hay que abonar por la comunicación pública de una obra protegida

Así lo ha manifestado Muntaner en una declaraciones a COM Ràdio, en las que ha destacado que las tarifas que se aplican en España son "sensiblemente inferiores" a las de otros países como Francia, donde se cobran 700 millones de euros anuales por derechos de autor, mientras que en España se cobran 300.

En el país vecino no se cuestiona este cobro, ha especificado Muntaner, mientras que en España se ha extendido "como una mancha de aceite" la polémica y la rebelión de algunos sectores, como el de los peluqueros. "El nivel cultural en el que estamos en este país seguramente, y por desgracia para nosotros, está sensiblemente por debajo del nivel cultural que otros países tienen, por muchos motivos", entre ellos el franquismo, apuntó.

Muntaner recordó que la Sgae no cobra al usuario, sino a los que fabrican un aparato o soporte para almacenar obras protegidas, y que tampoco todos los locales pagan lo mismo por tener hilo musical, porque para algunos es crucial para el negocio, como las discotecas, por lo que pagan más.

En todo caso se mostró "de acuerdo" con hacer un debate técnico "profundo" y "replantear" las reglas del juego con una perspectiva del siglo XXI, reenfoque que ya se está debatiendo en todo el mundo, según afirmó.

"Pero hasta que no se resuelva, aplicamos lo que hay", dijo, y remachó: "Nada de lo que hacemos es ilegal, y si no lo hiciésemos no estaríamos haciendo nuestro servicio".

Artículo extraído de 20 Minutos.

NOTA AL MÁRGEN: si es que somos unos ignorantes. Menos mal que estas personas velan por salvaguardar la cultura contra viento, marea, y paletos como nosotros.

Los alumnos sin disfrutar de Lorca y el Badalona sin himno

100 euros. Ese es el impuesto ‘revolucionario’ que les quiere cobrar la SGAE a los alumnos del instituto Zalaeta de A Coruña por una función teatral. El texto que  iban a representar era Bodas de sangre, de Lorca.

El coordinador teatral del instituto, Javier Fernández Mariño, no da crédito. La obra de teatro la representaban niños de entre 14 y 17 años en el Fórum Metropolitano. Querían participar en el concurso nacional Buero Vallejo.

FUNCIÓN SUSPENDIDA

Como había hecho en muchas ocasiones, se prepararon a conciencia y solicitaron los permisos pertinentes al Ayuntamiento y a la SGAE. El diario Faro de Vigo recoge las declaraciones del director del centro:

"Nunca tuve ningún problema, incluso tuve una compañía de teatro profesional y todo fue bien con la SGAE. Nunca me ayudaron, pero les pagábamos y no pasaba nada. Pero ayer, en lugar de los contratos para confirmar la actuación me encuentro una notificación anunciándome que la función quedaba suspendida"

El anuncio no era de la propia SGAE, sino del instituto municipal de espectáculos que anunciaba a Fernández:

"La representante de zona de SGAE ha comunicado que usted no cuenta con autorización de los depositarios de los derechos de la obra para representar Bodas de sangre por lo que ha pedido la suspensión de la venta de entradas"

EL BADALONA SE QUEDA SIN MÚSICA

No es la única acción implacable de la semana. El Badalona, un equipo del Grupo III de la Segunda División B, no podrá reproducir su himno. La SGAE quiere cobrarle 90 euros cada vez que lo haga, y claro, no se lo pueden costear.

Uno de los dos autores de la melodía ha decidido reclamar los derechos por cada vez que se emita, pese a que en un principio la idea era donarlos a la entidad deportiva.

La decisión cuenta con el respaldo de la SGAE. El club se defiende:

"Amenizamos con música los partidos pero no forma parte de nuestra actividad, no explotamos ningún negocio, sino que se trata de crear un clima más agradable hasta el inicio de la competición"

Artículo extraído de Periodista Digital.

Han distribuido carteles en 2.500 establecimientos.

Los salones deberán pagar un canon por tener la radio puesta.

La SGAE exige pagar 6 € mensuales a los salones pequeños, y 12 € a los que miden de 50 a 100 metros cuadrados.

Las peluquerías catalanas han declarado la guerra a la Sociedad General de Autores de España (SGAE), que las obliga a pagar un canon por poner la radio, y han iniciado una campaña en la que piden a los clientes que acudan con su propia música para evitar el pago del impuesto.

Centenares de peluquerías y centros de estética de la ciudad de Barcelona, Sabadell (Vallès Occidental) y Lérida han colgado ya un cartel en el que aparece la imagen de una joven con unos discos vinilos junto al lema: "A partir de ahora cuando vengas a la peluquería… no olvides traerte la música de casa. Ah y todo original".

El vicepresidente de la Federación Catalana de Peluquerías y Belleza (Fedcat), José María Figueras, ha explicado que los carteles empezaron a distribuirse entre los 2.500 establecimientos que pertenecen a esta organización poco antes de la pasada Navidad y ya son "centenares" los que se han adherido a la campaña.

"Está teniendo muy buena acogida. Los clientes se solidarizan, les hace gracia el cartel y se traen su mp3 con música", ha señalado Figueras, que subraya que, además de protestar por el canon, esta medida evita a los establecimientos pagar el impuesto, puesto que no se pone música de la radio.

La SGAE ha introducido un canon por tener conectada la radio para entretenimiento de clientes y empleados que pretende proteger los derechos de los autores de las canciones que se escuchan y que exige pagar seis euros mensuales a los salones pequeños, de menos de 50 metros cuadrados, y doce euros hasta los de 100 metros cuadrados.

Figueras asegura que "la situación es alucinante. Las peluquerías no viven de la música, simplemente intentan garantizar en sus salones un ambiente tan hospitalario como si nuestros clientes fueran invitados a nuestros propios hogares". El portavoz de la Fedcat se pregunta si los peluqueros podrían, a su vez, plantearse la posibilidad que sus clientes que aparezcan en actos públicos deben pagarlos un canon por el uso público de sus peinados.

Artículo extraído de 20 Minutos.

NOTA AL MÁRGEN: cualquier buena idea es válida para luchar contra estos chupasangres.

Publican un manifiesto en favor de una red "SOStenible"

"Nos tratan como narcotraficantes y terroristas", se quejan

Distintas asociaciones de internautas, blogeros y expertos en tecnologías de la comunicación presentaron ‘Red Sostenible’, una plataforma creada para "iniciar una ofensiva" en contra de la intención del Gobierno de cerrar aquellas páginas webs que vulneren la propiedad intelectual -incluido en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible- y coordinar una serie de "acciones" durante la Presidencia Europea de España.
Los internautas han habilitado una página web donde se explica el motivo de esta movilización. En este espacio ya avisan de que a partir de marzo "invadirán todos los espacio involucrados en legislar contra la ciudadanía", lo que incluye el Parlamento, los festivales del programa del la presidencia española de la UE, el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), la Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

"La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual", señala el nuevo manifiesto colgado por los internautas en la red.

Según explican los impulsores de ‘Red Sostenible’, entre los que se encuentran algunos de los internautas que se reunieron con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el objetivo de la nueva plataforma es "coordinar una respuesta conjunta" al cierre de páginas web e "iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales".
En la página web de ‘Red Sostenible’ se recuerda que ‘El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet’ fue respaldado por más de 200.000 personas y "avanzó la reacción y demandas" de la ciudadanía antes de "la perspectiva inaceptable" del Gobierno. Asimismo, reconoce como referencia ‘La carta para la innovación. la creatividad y el acceso al conocimiento’, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países.

INTERNET NO SERÁ OTRA TELE
Además, los internautas dieron el pistoletazo de salida a la campaña ‘Internet no será otra tele’, en la que se empezarán recogiendo propuestas gráficas para ilustrar el lema de la campaña con las que hacer banners, pegatina, chapas, camisetas y pancartas y, a partir de marzo, "invadir todos los espacios involucrados en legislar contra la ciudadanía".
Uno de los miembros de la nueva plataforma, la Asociación de Internautas (AI) acusó hoy al Gobierno de desplegar "medidas antiterroristas" para salvaguardar el mercado cultural, que consideran, "obsoleto".

"Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas", subrayan.

CONTRA EL CIERRE DE WEBS

Así, consideran que si la Ley de Economía Sostenible se aprueba, "se permitirá que una Ley Ordinaria otorgue rango de derecho fundamental al derecho a participar en el mercado de la cultura y, le de prioridad sobre otros derechos fundamentales", así como que se establecerá "un procedimiento punitivo ‘a la carta’ para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito".
Asimismo, avisan que, de constituirse la Comisión de la Propiedad Intelectual tal y como está previsto en el anteproyecto, este nuevo órgano asumirá "funciones decisorias vinculantes" los derechos de libertad de expresión "pueden verse reducidos a derechos de papel, irrealizables por cuanto no existirán garantías previas reales que los protejan ante las decisiones del Estado".

"Quien decide si una información es o no ilícita, si vulnera la Ley de Propiedad Intelectual, si puede o no estar publicada, no es un juez, es el Gobierno", aseguran los internautas, pese a que el anteproyecto señala que el cierre de una página web sólo podrá producirse previa autorización de un juez.

Artículo extraído de Periodista Digital.