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El presidente de la SGAE, Teddy Bautista, reitera su apoyo a la Ley Sinde, que permite cerrar páginas web sin intervención judicial. Además, insiste en cobrar un canon al ADSL, que afectaría no sólo a navegadores como Google y YouTube sino también a redes sociales como Facebook, Tuenti o Twitter.

El debate sobre los derechos de autor en Internet sigue su curso y, poco a poco, las entidades de gestión van ganando terreno en este ámbito. Primero fue el canon digital, que extendía la remuneración por copia privada a todos aquellos dispositivos capaces de almacenar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor más allá de los tradicionales CDs o DVDs (USB, escáner, grabadora, móviles, impresoras…).
Después llegó la Ley Sinde para combatir las descargas en la red mediante el cierre de webs sin la debida intermediación judicial. Ahora hasta se plantea abiertamente encarcelar a quien no pague canon. Pero todo esto no es suficiente.
Las entidades de gestión y, en concreto, la SGAE (la más importante del país) quiere ir mucho más allá. La entidad que preside Teddy Bautista aspira a cobrar un nuevo canon al ADSL. Y la idea va tomando forma: en concreto, las entidades cobrarían un canon a las operadoras, dinero que, a su vez, éstas recaudarían imponiendo una tasa a los navegadores -tal y como ha solicitado recientemente Telefónica- e, incluso, a las redes sociales.
Bautista, en una entrevista publicada el miércoles en El Correo, señala al respecto lo siguiente:

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La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Verica Trstenjak, dictaminó este martes que el canon digital que se aplica en España es ilegal porque se impone indiscriminadamente a todos los equipos y materiales de reproducción.

"Un sistema nacional que prevé la aplicación de un canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital de forma indiscriminada (como ocurre en España) no es compatible" con la normativa comunitaria, afirma el dictamen.

La abogada general precisa que, para ajustarse a la normativa comunitaria, este tipo de tasa -recaudada a favor de autores, artistas y productores- sólo debe aplicarse a los equipos y materiales de reproducción digital que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas. Y en ningún caso puede cobrarse indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada.

Las conclusiones se refieren al litigio que enfrenta a la Sociedad General de Autores (SGAE) con la empresa PADAWAN, que comercializa dispositivos de almacenamiento electrónico, entre otros CD-R, CD-RW, DVD-R y aparatos de MP3. La SGAE reclamó a PADAWAN el pago de una compensación a tanto alzado por copia privada por importe de 16.759,25 euros correspondiente a los dispositivos de almacenamiento comercializados por PADAWAN entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004.

La legislación española permite la reproducción para uso privado, sin autorización del autor, de obras ya divulgadas. Y establece una retribución a tanto alzado a favor de los titulares de derechos, a cuyos efectos grava los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital indiscriminadamente con un canon por copia privada. Los fabricantes, importadores o distribuidores han de abonar dicho canon a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

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Lo dijo Gerardo Cartón, director de la discográfica PIAS Spain.

Las declaraciones se realizaron durante una reunión entre creadores e internautas organizada el pasado martes.

Participaron representantes de la Asociación de Internautas y de la Coalición de Creadores.

Diversos representantes del sector cultural y tecnológico debatieron este martes sobre la actual situación de la industria musical y el nuevo panorama del sector ante las descargas de archivos y la tramitación de la conocida como ‘Ley Sinde’.

Entre los participantes de este evento organizado por la publicación Menos 25, estuvieron Víctor Domingo (Asociación de Internautas), Andrés Dionis (Coalición de Creadores), Javier Maestre (Bufet Almeida), Mark Kitcatt (Unión Fonográfica Independiente), Gerardo Cartón (PIAS Spain), Miguel Pardo (Sex Museum) y Rodrigo Cortillas (Cohete).

A lo largo del debate retransmitido a través de Twitter hubo posturas enfrentadas, a favor y en contra de la Ley, y Cartón, uno de los críticos con las descargas ilegales, comparó el gasto en discos con el dinero invertido por los ciudadanos en ocio nocturno. "La gente dice que la cultura es cara, pero paga 15 euros por una copa de garrafón", aseveró el director de la discográfica responsable de grupos como Dorian o Aviador Dro. En este sentido, Cartón criticó que en España la cultura "no le importa a nadie", salvo cuando es gratis.

Cartón recibió el apoyo de otros ponentes como Dionis o Kitcatt, quienes defendieron la importancia de las copias legales, mientras que recibió las críticas de Domingo o Maestre, que entienden que el actual modelo de negocio está obsoleto. Para Kitcatt, "cualquier archivo susceptible de digitalizarse se está quedando sin valor".

Por el contrario, el presidente de la Asociación de Internautas afirmó que, a día de hoy, ya "no tiene sentido" vender música en formato CD. Asimismo, el abogado del bufet Almeida, Maestre, recordó que la "crisis" únicamente afecta al actual modelo de "reventa" de copias.

La ley, "como en la época franquista"

Respecto a la ‘Ley Sinde’, también hubo un posicionamiento diferente. Mientras que Cartón defendió que se trata de una "decisión política que no va a llevar a ninguna parte", Dionis apuntó a la necesidad de ir contra las "conductas vulneradoras". En este apartado, Maestre comparó el cierre de páginas webs con la "época franquista".

En cuanto a posibles cortes del ADSL para los usuarios ‘infractores’, Maestre rechazó esta posibilidad y recordó que no existe el "todo gratis" al pagar por el ordenador y la línea. Por su parte, Dionis aseveró que la Asociación de Internautas "debería luchar" por bajar los precios de ADSL.

Artículo extraído de 20 Minutos.

NOTA AL MÁRGEN: pagamos los euros que nos da la gana por lo que se nos pone entre los huevos, pero nunca por lo que alguien nos quiera imponer. Es muy pretencioso llamar “cultura” al mundo de los CDs de música. ¿Es “cultura” un disco de Aviador Dro, o se queda simplemente en “entretenimiento”? Anda, Gerardo, “veste a la mierda”.

Los medios de comunicación están que se salen últimamente. Cualquier día les mandan una nota de prensa con burros rosas volando y la publican en portada. Más aún si en dichas notas de prensa se meten cifras, datos económicos y se evaluan sin tener siquiera consciencia de la realidad económica de España.

Si hace un par de días el propio presidente nos sorprendia con el ahorro enérgético de los 3.000 millones de euros, sentaros bien porque eso es “pecatta-minuta”. La asociación de actores junto con los sindicatos han evaluado en 1,7 BILLONES DE EUROS (si con mayúsculas), la cantidad que ha perdido la industria cultural en España durante el 2008 por la pirateria.

Obviamente, la culpa la tiene internet, el P2P, la falta de regulación, la pirateria informática, el núcleo de chorizos y delincuentes que se encuentran detrás de las pantallas de ordenador y el resto de lindezas que tenemos que soportar un día sí y otro también desde las entidades de gestión de derechos, filas políticas, presidentes que no diferencian un ordenador con una tableta de chocolate o a Google como el programador del toro que mató Manolete.

Sirva sólo como ejemplo, que el PIB de España durante el 2008, un poco por encima de 1 billón de euros, equivale al 60% de la cifra que se han sacado de la chistera estas entidades de gestión. Hasta hoy, daba por hecho que Cinco Días era un medio serio y que se molestaba en leer lo que publicaba. Parece ser que estoy equivocado, al menos en aspectos económicos.

Artículo y foto extraídos de El Blog Salmón.

El juicio de la SGAE contra una página web de enlaces ha desembocado en una sentencia que echa por tierra los argumentos esgrimidos por la entidad de derechos de autor. El juez no sólo absuelve al dueño del sitio, Jesús Guerra Calderón, sino que argumenta por qué el P2P no vulnera los derechos de propiedad intelectual.

Estas son las claves para comprender la sentencia y sus consecuencias más importantes:

¿En qué consiste el intercambio P2P?

El intercambio de archivos a través de redes de pares o ‘peer to peer’ se apoya en un sistema de transmisión directo de datos entre ordenadores en red sin necesidad de clientes ni servidores fijos. Es decir, cada ordenador de la red funciona a su vez como servidor, y por eso los intercambios se realizan entre iguales o pares.

¿Qué es lo que prohíbe la ley?

Los contenidos con derechos de autor están protegidos en España por el Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual. Es delito plagiar, reproducir, distribuir o comunicar públicamente una obra sin permiso, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero. Es ilícito civil realizar cualquier tipo de explotación sin permiso del titular de los derechos. En España, la copia privada está reconocida por la ley como una cesión de derechos del autor (o de quien los posea), es un límite a la exclusividad de los derechos de explotación de la obra.

¿Por qué es tan importante esta sentencia?

La sentencia deja claro lo que los usuarios pueden hacer. Así, con la legislación actual es perfectamente legal mantener una página de enlaces a sitios de descarga ya que el enlace no supone un acto de explotación de la obra. Además, la sentencia respalda la legalidad del P2P siempre que los archivos (música, vídeo, etc.) provengan de una fuente legítima (un original o una copia privada), no se comercialice con ellos y no se consume una comunicación pública (los intercambios P2P lo son entre dos usuarios)

¿Puedo seguir descargando?

Según esta sentencia, sí, si se cumplen los requisitos que establece la ley, el uso de redes P2P no incurre en ninguna ilegalidad en España. La mera obtención de la copia es un acto perfectamente legal, razona el juez.

¿La existencia del canon digital tiene algo que ver?

La compensación equitativa por copia privada (el llamado canon) es un mecanismo de compensación a los titulares de los derechos de autor por las copias privadas. Es decir, en España está permitido copiar música, películas, series, etc. para uso personal (no para uso colectivo), y siempre que no se haga negocio con esas copias. La sentencia alude al canon y determina que los soportes en los que se graban las descargas ya pagan ese canon, por lo que quedan legitimadas como copias privadas.

¿Puedo enlazar a contenidos desde mi página web o desde mi blog?

Según esta sentencia, sí, siempre que los enlaces apunten a contenidos ajenos y el sitio web no aloje contenidos protegidos en su servidor. De hecho, el juez considera que el sistema de ‘links’, el mero hecho de enlazar, no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras protegidas, requisitos que impone la ley para considerar la vulneración de los derechos de autor.

¿Qué pasa si llevo publicidad?

A efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, como el enlace no se considera comunicación pública, ni reproducción, ni distribución, es intrascendente si el sitio web lleva o no publicidad. No obstante, esto no implica que el sitio web que enlaza y lleva publicidad pueda estar cometiendo otro tipo de ilícito, aunque no contra la propiedad intelectual.

¿Cuáles son las intenciones del Gobierno?

Esta sentencia llega en un momento crucial, en mitad de la Presidencia española de la UE, con presiones de la industria cultural y del Gobierno de EEUU para que España luche contra las descargas no autorizadas. Además, se encuentra en plena tramitación la futura Ley de Economía Sostenible, que prevé otorgar a un órgano perteneciente al Ministerio de Cultura (la Comisión de la Propiedad Intelectual) la petición del cierre cautelar de sitios web que supuestamente vulneren los derechos de autor, a petición de los interesados y previa autorización rápida de un juez de la Audiencia Nacional. Por último, el Gobierno trata de impulsar al mismo tiempo una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Artículo extraído de El Mundo.